Se da trámite, en el órgano técnico, para el procedimiento de 25 solicitudes de juicio político, así lo aprobaron ayer, en la sesión de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades que preside el priísta Carlos Briseño Becerra. También se informó que 10 servidores públicos que se desempeñaron como diputados en la LVIII Legislatura, Luis Antonio Gómez Hurtado, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, José Guadalupe Núñez Rodríguez, Key Tzwa Razón Viramontes, Ricardo Silva Maya, Martha Elena Sotelo Hernández, Rosa María Vázquez Medina, Luis Manuel Vélez Fragoso, Jorge Antonio Villanueva Hernández y Alfredo Zárate Mendoza, a la fecha no han presentado su declaración patrimonial final y ya transcurrió el término previsto por la Ley de Responsabilidades de los Serconvidores Públicos; asunto que se agendó para la próxima sesión de la Comisión. Durante la sesión del Congreso, se pidió al responsable del órgano técnico, Julio César Guzmán, que solicite al secretario general del Congreso, Carlos Corona Martín del Campo; al Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo; al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y al presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública, Jorge Gutiérrez Reynaga, para que requieran a los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial. Los legisladores firmaron 25 acuerdos legislativos de igual número de solicitudes de juicio político, para su trámite en el órgano técnico de la misma, como parte del procedimiento que debe seguirse en estos casos. Se recibieron 17 acuerdos de solicitudes de juicio político presentadas en la anterior Legislatura, a efecto de dotarlas de la seguridad jurídica y concluirlas. Y se votó a favor el dictamen de la iniciativa del diputado Gabriel Ponce Miranda en la que propone una adición al artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para incluir como sujetos de juicio político a los presidentes de la Junta Especial y Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.